El pasado 30 de junio, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y balance de la Ejecución Presupuestal a través del cual prevé financiar cuatro ejes prioritarios -primera infancia, seguridad, educación y atención a personas en situación de calle- mediante una combinación de incremento del gasto y reasignaciones presupuestales.

En ese sentido, incorpora un aumento neto de 31 millones de dólares (unos 1.257 millones de pesos) por encima del presupuesto original destinado a las políticas de primera infancia. A ello se suman reasignaciones internas por 1.837 millones de pesos (cerca de 45 millones de dólares) previstas para 2027, de las cuales 975 millones de pesos pasarán a integrar el gasto permanente a partir de 2028. Estos recursos se obtendrán mediante recortes en el gasto político, las misiones oficiales y la eliminación de vacantes en el Estado.

A raíz de ello, COFE cuestionó los recortes, la “eliminación de vacantes y la creación de nuevos cargos políticos” establecidos en el proyecto de Ley.

El Consejo Directivo de COFE, expresó que el proyecto “elimina cientos de cargos vacantes de ingreso y ascenso en la Administración Central, una medida que alcanza a casi la totalidad de los ministerios”. La organización afirmó que la supresión de vacantes “afecta a escalafones de servicio, administrativos, técnicos y profesionales, reduce las posibilidades de ingreso a la función pública, limita el desarrollo de la carrera administrativa y los ascensos, y debilita la capacidad de los organismos estatales para brindar servicios a la población”.

El sindicato detalló que la política de ajuste representa una reducción anual de 891 millones de pesos en el Rubro 0 “Servicios Personales”, producto principalmente de la eliminación de vacantes en la Administración Central. A ello se suma “un recorte de 430 millones pesos en gastos de funcionamiento de los ministerios, lo que eleva el total del ajuste a 1.321 millones de pesos.

Nuevos cargos particular confianza

COFE también cuestionó que, “mientras se eliminan cargos y se reducen recursos para el funcionamiento de los organismos públicos, el Poder Ejecutivo impulsa la creación de nuevas estructuras estatales, como la Agencia Nacional para la Gestión de Inmuebles Estatales, cuyas funciones ya son desarrolladas por organismos existentes, entre ellos la Dirección Nacional de Catastro”. A juicio del sindicato, esta decisión “implica la creación de nuevos cargos de dirección y de particular confianza, duplicando funciones y ampliando los márgenes de discrecionalidad en la administración pública”.

En ese sentido, la organización sostuvo que “las nuevas estructuras permitirán continuar designando cargos políticos y de confianza para su conducción, en contraposición con la eliminación de vacantes destinadas al ingreso y ascenso de funcionarios de carrera”.

Para COFE, el proyecto de Rendición de Cuentas “no constituye una limitación temporal en la provisión de vacantes, sino la eliminación definitiva de cargos de ingreso y ascenso”. 

En consecuencia, afirmó que la iniciativa consolida un “achique permanente del Estado, reduce los rubros salariales y de funcionamiento y profundiza la discrecionalidad en la creación de nuevas estructuras y cargos de particular confianza”, razones por las cuales expresó su “rechazo a la política de ajuste impulsada por el Gobierno”.