Uruguay cuenta desde hace más de 140 años con una política específica en materia de juegos de azar, basada en la protección del interés general. Esa orientación fue reafirmada en 2017 por la Ley Nº 19.535, cuyo artículo 245 habilitó expresamente el bloqueo de sitios web, de flujos financieros y la prohibición de comunicaciones comerciales, patrocinio y publicidad de juegos no autorizados. El Decreto Nº 366/017 reglamentó ese sistema y prohibió expresamente la promoción de operadores no habilitados.

Para AFAL–COFE, el problema excede ampliamente una eventual infracción normativa durante un partido. Está en discusión qué enfoque debe adoptar el país frente al juego online y frente a sus crecientes riesgos sociales y sanitarios. La Organización Mundial de la Salud advierte que la comercialización y digitalización del juego favorecen su normalización, que el patrocinio deportivo es uno de los mecanismos relevantes de esa expansión y que el juego de apuestas puede producir graves daños financieros, familiares y de salud mental. Entre las medidas recomendadas se encuentra precisamente poner fin a la publicidad, promoción y patrocinio del juego en el deporte.

Por eso, la limitación de la publicidad no es un tema accesorio ni una mera cuestión comercial. Forma parte del sistema de protección construido para impedir que operadores no autorizados capten consumidores uruguayos y extraigan recursos del país.

Por otra parte la AUF se beneficia de recursos provenientes de impuestos del sistema autorizado y legal sometido a controles y fiscalizados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), y sin embargo promueve y presiona para que entren casas de apuestas que se anclan en paraísos fiscales y no están sometidas al control de la DNLQ. Claramente nos encontramos ante una incompatibilidad. No es razonable beneficiarse económicamente del juego legal y reclamar, al mismo tiempo, que se debiliten las barreras que protegen ese mismo mercado frente a operadores no autorizados.

AFAL–COFE entiende que la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley no pueden relativizarse por la importancia económica o deportiva de un acontecimiento. Si CONMEBOL considera que sus contratos comerciales son incompatibles con la legislación uruguaya, corresponde adaptar esos contratos o elegir otra sede; no corresponde exigir que Uruguay adapte sus normas a intereses privados.

Nuestro Sindicato llama a todos los actores políticos, autoridades públicas y organizaciones sociales a defender una política de Estado construida durante décadas y reafirmada por amplio consenso político en 2017.

Uruguay no puede debilitar en una noche de fútbol un sistema regulatorio creado para proteger durante todo el año a su población, a sus instituciones y al mercado legal.