Desde la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo manifestamos preocupación y rechazo ante la intervención del director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Marcos Israel, en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos realizada en Maldonado el día 28 de agosto.

Al menos un millón de mujeres y niñas pierden el acceso a asistencia esencial debido a los recortes en la ayuda y el desmantelamiento de las organizaciones de mujeres que trabajan en crisis humanitarias. Un nuevo informe de ONU Mujeres revela que el 84 por ciento de las organizaciones de mujeres recibe más peticiones de asistencia desde enero de 2025 y que casi nueve de cada diez ya no pueden satisfacer la demanda actual: ese es el resultado del recorte anual en la ayuda oficial al desarrollo más acusado desde que hay registros.

El abogado especializado en derechos humanos y coordinador jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Dr. Pablo Chargoñia, analizó el alcance de la condena al militar retirado Walter Díaz Tito por torturas durante la dictadura y cuestionó las declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti, a las que vincula con una persistencia de discursos de impunidad y negacionismo. A continuación publicamos el texto íntegro de la columna de opinión del doctor Pablo Chargoñia publicada originalmente en la diaria:

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia de la República, Alejandra Casablanca, afirmó que uno de los objetivos centrales y lineamientos políticos del organismo es avanzar hacia una política de Estado, construida desde una pedagogía de la Memoria, como existe en países como Argentina, Chile, Colombia, España y Alemania. A su juicio, esa sigue siendo una asignatura pendiente del Estado uruguayo. “En eso trabajamos con actividades concretas para adolescentes, jóvenes, para la capital y el interior del país”. 

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos reclamó una política integral de búsqueda de parte de todo el Estado y que “la orden a las Fuerzas Armadas de parte del Presidente de la República, no puede tener más dilaciones”. Además, cuestionó la persistencia de la impunidad, advirtió sobre el avance de discursos negacionistas y reiteró el reclamo de verdad y justicia bajo la consigna: “Contra la impunidad de ayer y hoy. Exigimos respuestas ¿Dónde están?”.

Con apenas 21 años, Daniela Lópes vivió el secuestro, la violencia y la tortura durante la interceptación israelí a la Global Sumud Flotilla, que intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. Durante los días previos al secuestro y la prisión, se preparó para llegar a Gaza con medicamentos y alimentos. Nunca se había subido a un barco y en pocos días, junto a activistas de otras tierras, tuvo que aprender algo de mecánica, a intentar reparar motores, a no responder a las provocaciones y las coordenadas básicas para resistir cuando las tropas del ejército de Israel les secuestraran en aguas internacionales. Fue testigo y protagonista de días y noches que marcarán la historia contemporánea. Durante un trayecto del recorrido, tuvo que tomar el timón del barco en el que viajaba y se hizo cargo de sus compañeros húngaros, catalanes, vascos y de otras tierras. 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) actualizó la nómina de víctimas de desaparición forzada durante el terrorismo de Estado y confirmó que los casos reconocidos ascienden ahora a 205. El nuevo informe incorpora ocho situaciones que no figuraban en la lista histórica y advierte que las investigaciones continúan abiertas debido a la aparición de “nuevos documentos, archivos y testimonios en Uruguay y el exterior”.

El próximo viernes 15 de mayo, a las 18.30 horas, se realizará una concentración en la Explanada de la Intendencia de Montevideo y una posterior movilización en rechazo al genocidio que sufre el pueblo palestino a manos del gobierno de Israel. La convocatoria se enmarca además en los 78 años de la “Nakba palestina”-palabra que significa “catástrofe”- y que refiere al desplazamiento masivo y despojo del pueblo palestino durante la creación del Estado de Israel en 1948.

La directora del Observatorio Luz Ibarburu y secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, afirmó que en Uruguay persisten “tácticas dilatorias” por parte de los defensores de quienes cometieron delitos durante el terrorismo de Estado, para “garantizar la impunidad de represores condenados por delitos de lesa humanidad” y cuestionó la falta de una política estatal “que posibilite acceder a toda la verdad para impartir justicia”. Además, denunció la “pasividad” de la comunidad internacional frente al “genocidio del pueblo palestino” y reclamó que los gobiernos condenen con firmeza las violaciones a los derechos humanos cometidas por Israel y Estados Unidos.

La Asociación de Funcionarios/as de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (AFINDDHH) expresa su preocupación ante la integración, metodología y conducción del Grupo de Trabajo sobre Antisemitismo aprobado por el Consejo Directivo de la INDDHH y por las recientes declaraciones del director Marcos Israel.

El Gobierno resolvió eliminar el artículo 331 de la reforma del CPP que habilitaba a que condenados por delitos de lesa humanidad accedieran a la libertad anticipada. En este sentido, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó su conformidad con la decisión del Poder Ejecutivo y recordó que "los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, y no pueden ser equiparados a delitos comunes ni sometidos a criterios automáticos -como la edad o el tiempo transcurrido-, ya que ello implicaría desconocer su gravedad y debilitar las obligaciones del Estado en la materia".

La Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, junto a más de 15 organizaciones sociales y de derechos humanos, entregará este martes 7 de abril una carta al presidente de la República, Yamandú Orsi, y al canciller Mario Lubetkin, en la que solicitan medidas ante la situación en Cuba y su vínculo con el escenario regional.

El juez Claudio de León condenó a nueve militares retirados por torturas cometidas contra vecinos de San Javier durante la dictadura, entre ellos el médico Vladimir Roslik. El asesor jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, destacó el fallo como un “hito histórico” y subrayó que “no existen antecedentes de un pedido de disculpas expreso formulado por la Justicia en causas de esta naturaleza”, al que calificó como una forma de “reparación simbólica muy valiosa”.

En el marco del caso Roslik la justicia condenó a nueve militares retirados por las torturas contra 20 habitantes de la colonia San Javier entre 1980 y 1984. Las penas van de 13 a 15 años de prisión. 

Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron como “regresivos, negacionistas y promotores de impunidad” los proyectos de ley que buscan otorgar prisión domiciliaria automática o excarcelación a condenados por crímenes de lesa humanidad. Advirtieron que las iniciativas constituyen una “afrenta a la memoria de las víctimas, violan obligaciones internacionales del Estado uruguayo y reabren, por otras vías, la lógica de la Ley de Caducidad”.

El presidente de COFE y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), Martín Pereira, sostuvo que la iniciativa que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas de edad avanzada, está "hecho a la medida" para beneficiar a los represores de la dictadura. 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre, el PIT-CNT reafirmó su “compromiso en la defensa y el pleno respeto de los derechos humanos” y remarcó que continúa “exigiendo verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985)”.

La defensora de los derechos humanos, integrante del nodo Uruguay de la Red por el Derecho a la Identidad y ex parlamentaria, Macarena Gelman, destacó la importancia de “sostener la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos frente a los nuevos embates autoritarios”. Sus declaraciones se enmarcan en la presentación de la campaña conjunta entre organizaciones de DDHH de Argentina y Uruguay para encontrar en nuestro país a nietos apropiados durante las dictaduras del Cono Sur. Asimismo, Gelman está participando de distintas actividades reflexivas a 50 años del Plan Cóndor.