La Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados (MSCE) del PIT-CNT -integrada por los sindicatos SUTEL, FANCAP, FFOSE, AEBU, AFINCO, AFPU, ATSS, AUTE, SUPRA, Unión Ferroviaria, AFURSEC y AFURSEA- realizó este miércoles 8 de julio un paro de actividades en todo el país, en defensa de las empresas públicas y bajo la consigna: “Diez años de recortes”.

Próximo a las 9.30 horas se llevó adelante una concentración frente a la Torre Ejecutiva y, posteriormente, las organizaciones marcharon hacia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde se realizó un acto en el que hicieron uso de la palabra: Álvaro Rodríguez, dirigente de la Agrupación de Funcionarios de Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE); Tamara García, en representación de los trabajadores tercerizados y de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios (FUECYS); y Salvador Sprovieri en representación de la Federación ANCAP (FANCAP).

La movilización tuvo como principales reivindicaciones “el incremento de la inversión pública, el ingreso de personal a los entes públicos, el fin de la precarización laboral, la presupuestación de trabajadores tercerizados y la defensa del papel estratégico de las empresas públicas para el desarrollo del país”.

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Álvaro Rodríguez (AUTE): “Blindar a las empresas públicas”

El dirigente de AUTE, Álvaro Rodríguez, fue el encargado de abrir la parte oratoria del acto, en el que hubo fuertes mensajes de solidaridad hacia los pueblos que están sufriendo. Así se destacó la resistencia del pueblo palestino ante el Genocidio e intento de exterminio que ha implementado el gobierno sionista de Israel, con el respaldo del presidente de los EEUU, Donald Trump. También se elogió el valor del pueblo cubano que padece el bloqueo feroz de la administración Trump, con reiteradas amenazas de invasión y ataque militar y se expresó la solidaridad del movimiento sindical con el pueblo venezolano que sufrió dos terremotos el pasado 24 de junio que le costaron la vida a más de 3500 personas, y dejaron un saldo de más de 16.700 heridos y miles de desaparecidos.  

En su intervención, Rodríguez sostuvo que Uruguay atraviesa “un momento crítico” y afirmó que es necesario “fortalecer las empresas públicas mediante mayor inversión, ingresos de personal, el fin de las tercerizaciones y una negociación colectiva efectiva”.

Afirmó que “las empresas públicas no son un gasto, son una inversión para el desarrollo del país, son patrimonio de toda la sociedad y garantía de empleo de calidad, de soberanía y de servicios esenciales para el pueblo”.

Agregó que “los recortes han sido la manera en que los gobiernos han utilizado para que las empresas públicas aporten más dinero a Rentas Generales, mirando solamente los números de su gobierno. La política tiene que visualizar las empresas públicas como una herramienta para mejorar las condiciones de la gente, como hace unos días lo hicieron UTE y OSE en el barrio Nuevo Comienzo, en la zona de Casavalle, donde viven alrededor de 400 familias, con una obra para brindar agua potable y la regularización de la energía eléctrica en condiciones seguras”.

“Eso es lo que aplaudimos, para que el Estado esté al lado de la gente. Según datos oficiales, esa obra costó entre las dos empresas dos millones de dólares. Para algún distraído que pueda pensar que eso es mucha plata, es lo mismo que se le subsidió a las patronales de COPSA para pagar los salarios de los trabajadores. Eso no es un subsidio, es un regalo a los empresarios. Ahí está parte de los recortes de los que hablamos y parte de la defensa de la empresa pública”, cuestionó Rodríguez.

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Álvaro Rodríguez

El dirigente sindical aclaró que la plataforma de la jornada no tiene un reclamo salarial. “La plataforma de hoy no tiene una reivindicación salarial y tendríamos varias para realizar. Tenemos demandas de funcionamiento; estamos protegiendo las empresas públicas, las cuidamos de los buitres de siempre, de los que quieren privatizarlas y de quienes pretenden hacerlas funcionar con mayor precarización. Las cuidamos como en el plebiscito del año 1992, porque las empresas públicas son del pueblo”, remarcó.

Asimismo, señaló que existen reivindicaciones para que las empresas estatales continúen financiando políticas públicas. “Tenemos reivindicaciones para que las empresas estatales sigan siendo las que financien mejores condiciones en la educación pública, en la salud y en la seguridad, porque para eso aportan cientos de millones a Rentas Generales. Pero para que eso ocurra, las empresas deben seguir siendo públicas, brindando el mejor servicio, contar con la mejor red de agua potable, el mejor saneamiento, la mejor red eléctrica, la mejor red de comunicación, con un ferrocarril estatal, con un polo logístico postal que acerque al Estado a la gente y un puerto que tenga condiciones de ser la salida de la economía”.

En ese sentido, sostuvo que las empresas públicas deben competir “en igualdad de condiciones” con las privadas. “Empresas públicas que compitan en iguales condiciones con empresas privadas, que no generan nada, que precarizan el trabajo, no dejan tecnologías y la plata que debería mejorar las condiciones de la población se la llevan al exterior”.

Rodríguez también hizo referencia a la situación de OSE y respaldó los planteos de FOSE. “Los compañeros de FOSE, en una carpa instalada hace 15 días frente al edificio central, denunciaban las paupérrimas condiciones de muchas infraestructuras, donde un gobierno tras otro no ha invertido nada”. 

Hoy FOSE advierte y alerta sobre el proceso de deterioro que existe en el servicio. “No hay mantenimiento, hay falta de recursos y retraso de las inversiones más importantes, lo que hace peligrar un servicio público tan importante para todo el país”.

Asimismo, reivindicó la postura del sindicato respecto al proyecto Neptuno. “FOSE triunfó al hacer entender que el proyecto Neptuno no era adecuado, que terminaría de desfinanciar a OSE y que había otras opciones, como la planta del arroyo Solís Chico o una nueva planta en Aguas Corrientes y la séptima línea de bombeo. Todo esto queda empañado por el retraso de la inversión y por la falta de previsión sobre cómo se va aoperar y mantener, porque aunque las inversiones se hubieran hecho, OSE no tenía personal ni para operarlas ni para mantenerlas. Esto también ocurre por la inexistencia de una negociación colectiva con el actual directorio”.

Como ejemplo del “desmantelamiento” de las empresas públicas mencionó el Puerto de Montevideo. “Podemos dar varios ejemplos de desmantelamiento. El Puerto de Montevideo, entregado por 80 años por el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou a una transnacional, necesita ser dragado constantemente. La inversión prevista para ese dragado será de 120 millones de dólares. Una empresa extranjera se va a llevar 50 millones de esos 120 millones”.

Añadió que los trabajadores portuarios vienen reclamando la compra de equipamiento propio. “Los trabajadores portuarios vienen planteando desde hace bastante tiempo la compra de un remolcador multimodal y una draga, porque las que tienen hoy ya superan los diez años, están vetustas y con un mantenimiento deficiente. La más moderna está entrando en un mantenimiento necesario para que pueda seguir funcionando y no hay respuesta del Estado ni del directorio”.

Rodríguez cuestionó que el dinero destinado al dragado no se utilice para fortalecer la infraestructura pública. “¿Cuánto cuesta una draga nueva que pueda hacer las tareas en el antepuerto, en las dársenas y en los canales principales? Lo mismo que se va a llevar la empresa extranjera. Con ese mismo monto que la empresa privada se va a llevar al exterior podría reforzarse un sector estratégico que le genere soberanía al país. Ahí está parte de la inversión de la que estamos hablando”, dijo.

También se refirió al deterioro del sistema ferroviario. En ese sentido dijo que los trabajadores ferroviarios podrían llenar una biblioteca con libros escritos por ellos mismos sobre cómo los sucesivos gobiernos “han hecho pedazos una empresa pública, favoreciendo a empresarios del transporte, tanto de carga como de pasajeros”. 

“En ese proceso de favorecer y desmantelar se olvidaron de muchas poblaciones donde el transporte público no llega porque no hay negocio. Ahí es donde tiene que estar el Estado. Ahí está AFE corriendo el tren Tacuarembó-Rivera a puro empuje de los trabajadores”, mencionó.

También puso como ejemplo localidades alejadas de los principales corredores nacionales. “Las localidades de Laureles y Paso del Cerro quedan a más de 20 kilómetros de la Ruta 5. ¿Cómo se cree que van a estudiar los gurises? ¿Cómo se cree que alguien va a cobrar una jubilación si allí los servicios públicos no están presentes? Van en el ‘Tacoma’, ese coche motor de más de 40 años, que funciona a impulso de los trabajadores de AFE. Hay que pensar en esas poblaciones alejadas y también en un sistema de transporte metropolitano que las beneficie, con boletos más baratos y un transporte más eficiente”. 

Además, sostuvo que se debe invertir para potenciar el transporte ferroviario de combustibles abaratando costos y mejorando los ingresos económicos de AFE y de ANCAP.

En ese marco, Rodríguez defendió el papel de ANCAP y cuestionó que las oportunidades para el desarrollo del interior se concreten, según dijo, “en beneficio de empresas transnacionales”.

“A esa ANCAP tan cuestionada, tan castigada, defendida siempre por los trabajadores, hoy defendiendo la industria cementera, generadora de soberanía, trabajo y desarrollo. Defender las canteras de Lavalleja y Paysandú es defender la riqueza nacional. Y cuando hablamos de Paysandú, en particular, hablamos de un departamento con un déficit de trabajo muy importante. Pero las oportunidades para los departamentos del litoral no pueden darse beneficiando a transnacionales en perjuicio de las empresas públicas”, remarcó el dirigente de AUTE.

En ese marco, cuestionó los proyectos vinculados al hidrógeno verde y, especialmente, el de la empresa HIF Global en Paysandú. “Como se quiere que suceda con los proyectos de hidrógeno verde y, en particular, con el de la empresa HIF Global, que con la excusa de la inversión privada se quiere generar un perjuicio a UTE, casi regalando la energía eléctrica para un proyecto sumamente deficitario para el país. Con el cuento de los puestos de trabajo y destruyendo recursos naturales”.

Rodríguez sostuvo que UTE ha sido objeto de un “proceso de debilitamiento” y criticó la vigencia del decreto 242/23, aprobado durante el período anterior. “El ataque a UTE ha sido constante. En el período pasado, se estableció un decreto que permite a grandes consumidores comprarle directamente a generadores privados, salteando a la empresa UTE, y eso puede perjudicarla con una pérdida de ventas de 50 millones de dólares”, remarcó.

También cuestionó la posición de la actual ministra de Industria. “Acá vamos a tener un ejemplo de cómo cambian rápidamente de posición según el lugar que ocupan. Fernanda Cardona, directora de UTE por la anterior oposición y hoy ministra de Industria, presentó un reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por este tema, planteando el perjuicio para la empresa pública. Hoy, siendo ministra, mantiene ese decreto en perjuicio de la misma empresa que supuestamente defendía”. En ese sentido, reclamó la derogación de la norma.

El dirigente sostuvo que Uruguay necesita inversiones que impulsen el desarrollo y el empleo de calidad. “El país necesita inversión que le dé valor, que genere economías que se muevan, no economías que existan solamente para beneficiarse de subsidios. Precisa inversiones que generen empleo de calidad, con salarios dignos. Se necesita una coordinación entre organismos del Estado que acerque los servicios a la población”. Como ejemplo, destacó la experiencia desarrollada por el Correo Uruguayo durante la pandemia.

En tal sentido, recordó que el Correo durante la pandemia, en acuerdo con ASSE, trasladaba medicamentos a la población más vulnerable, a quienes no podían salir de sus hogares y a las poblaciones más pobres. Añadió que los trabajadores del Correo proponen ampliar ese tipo de iniciativas.

“Hoy los trabajadores del Correo están proponiendo este tipo de acuerdos, que lo posicionen como un aliado en el combate a la pobreza infantil y, además, como un polo logístico del Estado, no solo para trasladar medicamentos o canastas del INDA, sino también para acercar el Estado a la sociedad y competir en la entrega de paquetes que llegan del exterior”, dijo.

Rodríguez destacó además los resultados de la cooperación entre organismos públicos. “Queda claro que la articulación público-público beneficia a la sociedad. Lo realizado entre Canal 5 y ANTEL ha sido estratégico”. En ese sentido hay que seguir avanzando con el fútbol uruguayo y sumar nuevos contenidos.

Asimismo, sostuvo que ANTEL necesita respaldo económico para competir en un mercado cada vez más exigente. ANTEL debe continuar preparándose para el futuro y estar a la altura. “Para eso es necesario que no la asfixien económicamente”.

En su opinión, las decisiones de inversión en las empresas públicas deben convertirse en políticas de Estado. “Decidir si realizar inversiones en empresas públicas es una decisión política que debe trascender a los gobiernos. Porque definir qué país queremos es definir si queremos fortalecer la industria nacional o ser solamente un país de servicios”.

En materia de vivienda, cuestionó el funcionamiento del régimen de vivienda promovida y reclamó un papel más activo del Estado. “Hay que fortalecer a la Agencia Nacional de Vivienda y no permitir que continúe siendo administradora de empresas constructoras para esa famosa vivienda promovida, a la que no hay un trabajador que pueda acceder por sus costos. Aunque existe una ley que ordena la vigilancia y el control de los precios, nadie la hace cumplir y los empresarios se llevan los subsidios y ganancias exorbitantes”.

Rodríguez señaló que el crecimiento de la construcción de viviendas no ha resuelto el problema habitacional. “En los últimos 15 años las viviendas nuevas aumentaron en el país en el entorno de las 400.000. En su mayoría son viviendas promovidas. Tenemos cientos de personas sin vivienda y muchas viviendo en la calle. Ahí debe estar el Estado, protegiendo a las personas y devolviendo dignidad”.

También reclamó ámbitos efectivos de negociación colectiva y puso como ejemplo una situación pendiente en el Banco de Previsión Social. “Los trabajadores del BPS reclaman el cumplimiento de un acuerdo firmado en 2016 para el fortalecimiento del Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras, en el ex Sanatorio Canzani”. Agregó que ese compromiso continúa sin concretarse.

Habló de la “nefasta negociación colectiva” que viven los trabajadores de las empresas públicas. “Los trabajadores no gestionamos, pero denunciamos los intentos de deteriorar las relaciones laborales y la negociación colectiva. Denunciamos cómo se subsidian mil millones de dólares mientras se les piden más aportes a las empresas públicas”.

Convocó a “blindar” las empresas estatales para impedir nuevos procesos de privatización. “Será hora de blindar las empresas públicas para protegerlas de quienes buscan formas de privatizarlas, enteras o por partes, con discursos de buenas intenciones, como el de vender acciones, o de quienes directamente dicen que hay que venderlas”.

“Continuando el legado de los miles y miles de votos que recibió el ‘Sí’ en aquel plebiscito del año 1992, defendiendo las empresas públicas, los trabajadores continuamos con esa defensa, porque las empresas públicas son del pueblo”, sentenció.

Tamara García (FUECYS): “Priorizan las ganancias por encima de los derechos”

A su turno, Tamara García, integrante de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y los Servicios (FUECYS), habló en representación de las y los trabajadores tercerizados y denunció la precarización laboral que les afecta, al tiempo que cuestionó un modelo "que prioriza las ganancias empresariales por encima de los derechos laborales".

La dirigente sostuvo que los trabajadores tercerizados enfrentan una permanente “inestabilidad laboral”, con cambios de contrato año tras año, empresas que calificó de “perversas” porque priorizan sus ganancias por encima de los derechos de los trabajadores, dificultades para acceder a licencias y descansos, salarios insuficientes -si es que se cobran- y una profunda inequidad en las condiciones de trabajo.

“Angustia, ansiedad, agotamiento, desesperación y depresión. Esto es lo que generan las pésimas condiciones de trabajo que tenemos las tercerizadas”, afirmó.

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Tamara García

García denunció además la utilización de contratos temporales para cubrir tareas permanentes. “Tenemos contratos a término, por no decir contratos chatarra, para cubrir tareas permanentes con menor salario y peores condiciones. Hay un Estado que lleva más de 30 años sosteniendo las empresas públicas sobre el lomo de trabajadores y trabajadoras y, como ya lo decían nuestros compañeros de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes en la convocatoria, más de diez años de recortes sostenidos”.

La dirigente gremial aseguró que los sindicatos deben enfrentar diariamente conflictos para garantizar derechos básicos. “Cada día nuestros sindicatos deben pelear por lo mínimo, por la continuidad laboral, por cobrar en fecha y porque se respete el convenio colectivo. Hoy, por ejemplo, tenemos compañeras que, sosteniendo las políticas públicas y atendiendo a las poblaciones más vulnerables, siguen sin cobrar sus salarios. Otras, como nuestras compañeras de OSE en Colonia y Cerro Largo, están paradas. Mañana quién sabe dónde, porque nuestra pelea por dignidad y respeto es cotidiana”.

En ese sentido, explicó que la movilización buscó “visibilizar” la situación de los trabajadores tercerizados y reivindicar el papel que cumplen dentro del Estado. “Estamos parando y marchando para dejar en claro varias cosas. Los y las trabajadoras tercerizadas somos trabajadores genuinos, realizamos una enorme diversidad de tareas y no me daría el tiempo para mencionarlas todas. Lo que sí está claro es que somos funcionarias y funcionarios con contratos irregulares, con un Estado y varios gobiernos de diferentes colores que no solo nos dan la espalda, sino que constantemente vulneran nuestros derechos. No porque seamos malos trabajadores, sino por una política laboral instalada que es precarizadora”.

Asimismo, convocó a continuar fortaleciendo la organización sindical y la defensa de las empresas públicas.

“Compañeros y compañeras, que no les quede duda alguna, esta trabajadora, junto a cada compañera y compañero tercerizado, seguirá organizándose en todo el país junto a los sindicatos de funcionarios públicos, en defensa de las empresas públicas, en defensa de nuestros recursos naturales y del patrimonio nacional. Lo hacemos por trabajos dignos para todos y todas. No nos vamos a rendir”, aseguró García.

Dirigió un mensaje al presidente de la República y al resto de las autoridades nacionales. “Señor presidente y gobernantes, no solo pueden y deben rendir más; sepan cumplir. Porque merecemos que a igual tarea exista igual remuneración e iguales condiciones. Luchamos por la regularización de los trabajadores tercerizados y por trabajos y vidas dignas para todos y todas”.

Salvador Sprovieri (FANCAP): “Se ha profundizado una política de restricciones”

A su turno, Salvador Sprovieri, de la Federación ANCAP (FANCAP), sostuvo que la movilización convocada por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes fue una actividad “central” para las y los trabajadores de los entes autónomos y servicios descentralizados, y afirmó que la Rendición de Cuentas se inscribe en un escenario de “10 años de políticas de recortes” hacia las empresas públicas.

“La movilización para nosotros es central. Por la propia integración de la Mesa de Entes, que reúne a sindicatos de entes autónomos y servicios descentralizados, varios gremios están involucrados directamente en esta Rendición de Cuentas. Y, además, esta movilización está enmarcada en una consigna muy clara: diez años de políticas de recortes a las empresas públicas”, remarcó el dirigente sindical. 

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Salvador Sprovieri

Sprovieri sostuvo que desde 2015 se ha profundizado una política de restricciones que afecta el funcionamiento de los organismos públicos. “Desde 2015 hasta hoy venimos sufriendo recortes en inversiones, falta de ingresos de personal y de cobertura de vacantes. Lo único que no se recorta son las tercerizaciones. Por eso venimos en defensa de la inversión pública en las empresas del Estado como motor de desarrollo”.

Asimismo, señaló que uno de los principales reclamos del movimiento sindical es el fortalecimiento de las plantillas de trabajadores. “Venimos en defensa del ingreso de personal, de la cobertura de vacantes y también del aumento de la cantidad de trabajadores. Y otro punto central de esta movilización es la lucha contra la precarización laboral, reclamando la presupuestación de los trabajadores tercerizados y provistos”.

Dijo que el panorama es poco alentador en cuanto a la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo con la actual Rendición de Cuentas. “Está bravo, porque no hay mucho. Si bien hay algunos mensajes positivos en la Rendición de Cuentas, en términos generales no hay señales favorables para las empresas públicas. No hay espacio fiscal para el ingreso de personal ni un margen importante para realizar inversiones. De hecho, se plantea invertir lo mismo que se ejecutó el año pasado. O sea, hay restricciones y, en estas condiciones, está complicado”.

Sprovieri recordó que las limitaciones presupuestales vienen desde hace más de una década. “Nosotros venimos reclamando desde la Ley de Presupuesto de 2015. Desde entonces todas las políticas han sido de restricción. Obviamente, la del gobierno de Luis Lacalle Pou fue la peor; fue realmente leonina. Las anteriores también fueron malas, pero no se comparan con la de Lacalle Pou”.

El dirigente aseguró que el movimiento sindical mantendrá la movilización para revertir esa situación. “La lucha continúa y siempre va a continuar en todos nuestros entes del Estado. A mí me gusta más decir ‘entes del Estado’ y ‘servicios descentralizados’, porque el concepto de empresa muchas veces nos gana y responde a una lógica puramente capitalista, y nosotros, desde el movimiento obrero, estamos enfrentados a esa concepción”.

Añadió que, pese a las particularidades de cada organismo, los sindicatos enfrentan problemas comunes. “Cuando nos reunimos todas las semanas en la Mesa de Entes, o cuando conversamos con compañeros y compañeras de otros sindicatos, comprobamos que tenemos los mismos problemas. Y uno de los principales es el ingreso de personal”.

Finalmente, explicó el sentido de la consigna elegida para la movilización. “¿Por qué titulamos esta movilización ‘10 años de recortes’? Porque nos gustaría que fuera solamente un eslogan, pero lamentablemente es una triste realidad. Desde 2015 hasta hoy han pasado distintos gobiernos y lo único que han hecho es recortar sobre las empresas públicas, sobre el ingreso de personal y sobre las inversiones. Lo que no recortan son las tercerizaciones ni los subsidios al sector privado. Eso no lo recortan”.